La FACC expone en la Junta su criterio sobre el Proyecto de Ley de Garantías de Derechos y Prestaciones Vitales

La Coordinadora de la Comisión de Servicios Sociales de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y Alcaldesa de Tapia de Casariego, Ana Vigón Suárez, compareció este jueves, 20 de febrero, ante la Comisión de Derechos Sociales y Bienestar de la Junta General para exponer el criterio de la Entidad sobre el Proyecto de Ley de Garantías de Derechos y Prestaciones Vitales.

En su comparecencia, Vigón Suárez explicó el objeto de esta iniciativa legislativa es de suma importancia para los Ayuntamientos, quienes sin distinción consideran trascendental proteger a los colectivos más desfavorecidos con unas medidas de apoyo que eviten su exclusión social.  De ahí que resaltase que la FACC considera que esta Ley mejorará la coordinación y colaboración entre administraciones, desarrollando un sistema transversal que ofrece seguridad jurídica tanto a los Ayuntamientos como la ciudadanía.

Ana Vigón Suárez expuso que tanto la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local como la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local recogen, como competencias locales, cuestiones directamente relacionadas con la garantía de los derechos y las prestaciones vitales. En este contexto normativo, resaltó que el Proyecto de Ley otorga a los Consistorios un papel fundamental tanto en el ámbito de los derechos como en las prestaciones vitales.

Entre los aspecto que abordó en su intervención, la Coordinadora de la Comisión de Servicios Sociales se centró en la participación que se requiere de los centros municipales de servicios sociales en la gestión del salario social. También aludió a aspectos relacionados con las ayudas a la emergencia social, la vivienda, pobreza energética y la inserción laboral como medio de prevenir la exclusión social.

Ana Vigón Suárez también recordó que la Entidad siempre ha defendido la necesidad de que las transferencias destinadas a las Entidades Locales se hagan efectivas en su totalidad durante el primer semestre de cada año, para evitar así tensiones de tesorería que obligan a los Ayuntamientos recurrir a operaciones de capital para hacer frente a los pagos, lo que genera un coste añadido.