La FACC traslada al Principado las reivindicaciones de los Ayuntamientos asturianos
Una representación de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) se reunió este martes,12 de abril, con la Consejera de Presidencia, Rita Camblor Rodríguez, y el Director General de Administración Local, Manuel Calvo Temprano, para trasladar los acuerdo adoptados por la Asamblea General de la Entidad celebrada el 29 de marzo, en Rioseco (Sobrescobio), junta otras reivindicaciones históricas de los Ayuntamientos asturianos.
La representación de la FACC estuvo integrada por la Presidenta, Cecilia Pérez Sánchez, junto a cuatro de las cinco Vicepresidencias: Jorge Suárez García, Alcalde de Gozón; José Manuel Fernández Díaz, Alcalde de Peñamellera Baja; Ana Isabel Díaz Fernández, Alcaldesa de Riosa; y Sergio Hidalgo Alonso, Alcalde de Salas.
La FACC planteó a la Consejera y al Director General de Administración Local la necesidad de que el Gobierno autonómico asturiano cumpla la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de Policías Locales del Principado de Asturias, donde se indica que “el Principado de Asturias, en el ámbito de la cooperación con los concejos, contribuirá a financiar los costes económicos adicionales que la aplicación de esta Ley pudiera generar a los concejos. A tal fin, en los Presupuestos Generales de cada ejercicio se establecerá la cuantía de las aportaciones así como su aplicación”. Desde la aprobación de la Ley, el coste para los Ayuntamientos de la reclasificación de los agentes supera los 25 millones de euros.
Por otro lado, la delegación municipalista expuso el rechazo de los Ayuntamientos a asumir con recursos propios la limpieza de los cauces de los ríos en las zonas urbanas o asimiladas, dado que más allá de la jurisprudencia existente, los cauces fluviales son competencia de la administración central.
También se informó del malestar existente entre las Corporaciones Locales costeras por tener que hacer frente desde 2019 del coste de las limpiezas de playas, cuando hasta 2017 esta labor era realizada por el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) sin coste alguno para las arcas municipales; labor que dejó de realizar tras un cambio de criterio en Intervención. En este contexto se recordó que, si bien el consorcio modificó sus estatutos para poder realizar estas labores, el precio que ofrece es un 30% superior al de mercado. En el ámbito de las playas se requirió asimismo una mayor dotación económica del Ejecutivo regional con destino a los servicios de socorrismo en las playas, así como una renovación de los equipamientos que anualmente ponen a disposición de los Ayuntamientos.
La delegación de la FACC trasladó además a Rita Camblor Rodríguez y a Manuel Calvo Temprano la necesidad de reforzar el Fondo de Cooperación Local sobre la base del principio de autonomía local para que los ayuntamientos puedan mejorar su capacidad de gestión. En concreto, se planteó que con la finalidad de velar por el equilibrio territorial y la realización efectiva del principio de solidaridad, las leyes anuales de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma deben recoger dicho fondo incondicionado dotado con un porcentaje de los ingresos tributarios de la comunidad autónoma. Paralelamente, se expuso la necesidad de recuperar el fondo destinado a los concejos de menor población, que estuvo vigente hasta 2012.
Entre las reivindicaciones de los Ayuntamientos también estuvo presente la necesidad de que las transferencias que reciben anualmente las Entidades Locales para hacer frente a competencias delegadas se hagan efectivas en su totalidad durante el primer semestre de cada año, evitando así tensiones de tesorería que obligan a muchos Ayuntamientos a solicitar financiación ajena para hacer frente a los pagos con el consiguiente coste. Se requirió igualmente que la Administración autonómica refuerce la cooperación jurídica, económica y técnica; prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal; la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social; ya la implantación de la administración electrónica, con los municipios de menos de 20.000 habitantes; unos fines que tiene transferidos como ente equivalente a diputación por ser el Principado de Asturias una autonomía uniprovincial.
Finalmente, en atención a las funciones propias de sus Estatutos y al papel institucional que representa, se reclamó un mayor apoyo económico a la FACC.